Culiacán, Sinaloa | Jessica Soto Beltrán, especialista en Comercio Electrónico e Industrias Culturales de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) consideró que la mejor medida para evitar el hostigamiento y abusos de las empresas de telefonía celular es que los usuarios denuncien de manera colectiva y presionen a las autoridades a legislar para que verdaderamente se sancione a dichas compañías.
La profesora investigadora de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas (FEIyPP) de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) estableció que bloquear los números de los que se está llamando constantemente para hostigar no es la solución porque los call center tienen la facilidad de estar ubicados en toda la República Mexicana y las conexiones se pueden hacer desde teléfonos locales.
“Hay que tomar acciones en términos de cómo estas empresas están actuando e investigar cuáles son los medios que uno tiene para defenderse”, aseguró.
Soto Beltrán subrayó que como usuarios tenemos que empezar a tomar acciones en términos de denunciar no solo ante la Profeco y la Cofetel, sino ante los jueces a aquellas empresas que están hostigando y haciendo uso de información que el usuario nunca autorizó.
Advirtió que mientras no haya suficientes acciones de las personas afectadas, las autoridades no se van a abocar a crear una legislación que realmente sancione a las empresas que están hostigando a todas horas del día.
Es claro que estas empresas de telefonía, de televisión y de servicios tienen acceso a nuestra información y nos están constantemente hostigando o llamándonos en horas que no corresponden y la frecuencia impide nuestro trabajo cotidiano”, apuntó Soto Beltrán.
La especialista en Comercio Electrónico e Industrias Culturales recordó que hasta antes de 2018 los usuarios estaban desprotegidos en materia de información y datos personales y realmente no existía un tratamiento en términos de cuál es la corresponsabilidad de las llamadas empresas call center para llevar a cabo la promoción de los productos.
Observó que los dueños de las empresas de telefonía, de televisión y de servicios no están de acuerdo con la regulación que está pretendiendo aplicar la nueva administración del Gobierno Federal porque afecta en sus intereses y les limita su capacidad de promocionarse.
Puntualizó que un ejemplo de lo que se puede hacer contra las empresas que incurren en prácticas abusivas, lo constituye la multa por 120 millones de dólares que le impuso la Comisión Federal de Telecomunicaciones a una persona física por hacer llamadas telefónicas a un particular para ofrecer paquetes vacacionales y tiempos compartidos, escondiendo su identidad.